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El condado de Miami-Dade ha logrado ser un ejemplo de cómo se debe cumplir con las demandas de un demagogo anti-inmigrante. La ciudad más grande del estado de Florida fue perseguida por el Departamento de Justicia, junto con otras ciudades que se identifican como ciudades santuario, después de que Trump asumiera la presidencia y lanzara amenazas de quitar el dinero a ciudades que no cumplieran con las demandas de la administración. Pero el alcalde que se postra ante Trump, Carlos Gimenez, cambió de opinión para evitar la pérdida de dinero.

Poco después de que Trump anunciara que iba pedir al Departamento de Justicia que quitara el dinero de las ciudades santuario, Gimenez cambió una ley respectiva a las ciudades santuario.

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La política anulada ahora permite a las cárceles locales retener a los arrestados más de 48 horas con la petición de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

ICE ha pedido que las cárceles locales detengan a los arrestados que buscan deportar desde la administración Obama, pero eso implicaría que sean detenidos más tiempo de lo que permite la constitución. En 2013, Miami aprobó una ley que rechazaba las solicitudes de ICE a menos que el departamento pagara por la detención y el arrestado estuviera acusado de un crimen serio.

El procurador general Jeff Sessions reforzó las órdenes de Trump en julio cuando desglosó los nuevos requisitos del Departamento de Justicia para poder recibir fondos federales. Bajo la dirección de Sessions, las ciudades santuario tienen que dar acceso a sus cárceles a las policías migratorias. También tienen que avisar a las autoridades 48 horas antes de que van a liberar a alguien que la agencia busca.

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Parece que el esfuerzo de Miami para complacer al presidente ha sido reconocido por el Departamento de Justicia. El departamento le envió una carta a la municipalidad el viernes pasado reseñándoles que ya no están violando las nuevas normas. Como premio, otorgaron a la policiía del condado $480 mil dólares en apoyos.

“Basado en los materiales que han entregado, no encontramos ninguna evidencia de que el Condado de Dade no esté cumpliendo con la sección 1373”, explica la carta. “Como recordatorio, añadimos que cumplir con la sección 1373 es un requisito que la Oficina de los Programas de Justicia seguirá monitoreando”.

Como apuntó el diario The Miami Herald, Miami-Dade es la única ciudad que ha cambiado su política de detenciones. El director de comunicaciones de Gimenez, Mike Hernández, explicó que la ciudad está contenta con la carta del Departamento de Justicia. “Esto es buena noticia”, dijo Hernández. Los residentes de Miami no sienten lo mismo.